La histórica trayectoria parlamentaria de Isabel Allende Bussi, senadora socialista e hija del expresidente Salvador Allende, llegó a su fin tras una decisión del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que incurrió en una falta grave al celebrar contratos con el Estado mientras ejercía su cargo.
El fallo, respaldado por una mayoría de ocho votos contra dos, se basó en una infracción a la Constitución chilena, que prohíbe expresamente a legisladores y ministros firmar o garantizar contratos con el Estado. La demanda fue presentada por el ultraconservador Partido Republicano junto a la coalición derechista Chile Vamos.
El caso se originó a raíz de la fallida operación del gobierno de Gabriel Boric para comprar la vivienda donde residió el expresidente Salvador Allende. La intención era convertirla en un museo en su memoria, con un costo estimado de 933 mil dólares. Sin embargo, la iniciativa fue abruptamente cancelada al constatarse que parte de los propietarios eran funcionarias públicas: la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y la senadora Isabel Allende, nieta e hija del exmandatario respectivamente.
La compraventa infringía así la norma constitucional, lo que motivó la investigación y el posterior fallo del TC. Pese a que Allende Bussi afirmó que la transacción se revocó tan pronto surgieron las dudas legales y que la actuación de la familia fue “de buena fe”, el tribunal determinó que la infracción ya estaba consumada.
Con esta resolución, Allende pone fin a más de tres décadas de carrera parlamentaria, iniciada como diputada en 1994 y prolongada como senadora desde 2010. Representaba a la Región de Valparaíso, la misma por la que su padre fue senador entre 1961 y 1969. A la parlamentaria le restaban aún 11 meses en el cargo.
Este es un precedente inédito en la historia democrática reciente de Chile: por primera vez, el Tribunal Constitucional ordena la salida de un legislador en ejercicio.
Mientras tanto, el jueves se vivió una jornada de movilización a nivel nacional por parte de trabajadores del sector público. Agrupaciones de enfermería, profesionales de la salud y empleados fiscales, con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), realizaron un paro exigiendo mejoras laborales.
Las principales demandas incluyen la reducción de la jornada a 40 horas semanales, el fin de la precarización laboral y la implementación de un “salario vital” de aproximadamente 725 dólares mensuales, en contraste con los 543 dólares que actualmente representa el salario mínimo en Chile.
Fuente: La Tercera